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. A tales efectos, declaró Ha Lugar la Demanda, y le ordenó a la parte apelante que cesara de forma inmediata de la utilización de cualquiera y todo material en el que se utilizara la imagen de la parte apelada. En adición, le condenó solidariamente al pago de $20,000.00 por la utilización no KLAN202300916 6 autorizada de la imagen del señor Friger Salgueiro y $4,000.00 por honorarios de abogado
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. En desacuerdo, el 20 de septiembre de 2023, la parte apelante interpuso ante el foro primario Moción Solicitando Reconsideración, la cual fue posteriormente retirada. Insatisfecha, la parte apelante con la aludida Sentencia acudió ante este foro revisor y esgrimió los siguientes señalamientos de error: 1
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. Erró el TPI al denegar la moción de desestimación por falta de jurisdicción sobre la materia. 2. Erró [el] TPI al concluir que entre las partes no existía un contrato escrito. 3. Erró el TPI al concluir que las demandadas no podían utilizar el material audiovisual a pesar de ser su dueño. 4. Erró el TPI al imponer a las demandadas el pago de honorarios de abogado. 5
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. Erró el TPI al conceder $20,000.00 en compensación a pesar de no tener prueba al respecto. El 5 de marzo de 2024 la parte apelante presentó Alegato Suplementario de la Parte Apelante. A su vez el señor Friger Salgueiro presentó Alegato Suplementario de la Parte Apelada, el 5 de abril de 2024. Con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a resolver. II A
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. Propiedad Intelectual En Puerto Rico los derechos de autor están fundamentalmente protegidos por el Federal Copyright Act, 17 USCA sec. 101 et seq., y por la Ley de Propiedad Intelectual de 1988 y que fuera sustituida por la Ley de Derechos Morales de Autor de 2012 (en adelante, Ley 55-2012)
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. Además, de manera supletoria aplican las disposiciones del Código Civil que no sean incompatibles KLAN202300916 7 con estos estatutos. Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, 196 DPR 884, 895-896 (2016)
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.1 Nuestro ordenamiento jurídico define la propiedad intelectual como “el conjunto de derechos que la ley reconoce al autor sobre las obras que ha producido con su inteligencia, en especial los que su paternidad le sea reconocida y respetada, así como que se le permita difundir la obra, autorizando o negando, en su caso, la reproducción”
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.2 Así, a diferencia de otros tipos de propiedad, en ella coexisten valores económicos y espirituales, estos últimos intransmisibles y que facultan a su creador a mantenerla inédita y a renunciar a su autoría, entre otros derechos. C. Rogel Vide, Estudios completos de propiedad intelectual, Madrid, Ed. Reus, 2003, págs. 55-56
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. Los derechos sobre las obras se agrupan en dos (2) categorías o facetas: los derechos pecuniarios o patrimoniales —que consisten en el monopolio de la explotación económica de la obra— y los personales o extrapatrimoniales, que protegen el vínculo personal entre el autor y su obra. Estos últimos dan pie a la doctrina del derecho moral
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.3 En Puerto Rico, los derechos patrimoniales están principalmente protegidos por la legislación federal que, en cuanto a su ámbito de aplicación, ocupa el campo.4 Así, la ley gobierna los derechos exclusivos especificados en la sección 106 del estatuto federal, con relación a obras pictóricas, gráficas y escultóricas, entre otras, que hayan sido fijadas en cualquier medio tangible de expresión
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.5 Estos derechos exclusivos sobre la obra incluyen 1 Art. 12 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 12, aplicable al caso de marras. Véanse, además: S.L.G. Negrón-Nieves v. Vera Monroig, 182 DPR 218, 224 (2011); Harguindey Ferrer v. U.I., 148 DPR 13, 27 (1999). 2 Id. Véase, además, Cotto Morales v. Ríos, 140 DPR 604, 611-612 (1996), citando a J
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. Puig Brutau, Fundamentos del Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1973, T. III, págs. 200-201. Véase Harguindey Ferrer v. U.I., supra, págs. 21-22. 3 Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, supra, págs. 896-897; Ossorio Ruiz v. Srio. de la Vivienda, 106 DPR 49, 52 (1977). 4 Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, supra, pág. 897. 517 USCA secs. 102 y 106. Véanse, Cotto Morales v. Ríos, supra, pág
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. 614; KLAN202300916 8 reproducirla, preparar obras derivadas, distribuirla, representarla y exponerla públicamente.6 De igual forma, la ley los confiere inicialmente a su autor, aunque pueden ser transferidos por este — en todo o en parte— por cualquier medio de transmisión o por operación de ley. Asimismo, reconoce bajo ciertos parámetros la terminación de esa transferencia
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.7 Por otro lado, también pueden ser cedidos por testamento o como propiedad personal por las leyes sucesorales estatales
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.8 Es meritorio destacar que, nuestra última instancia judicial ha señalado que, no quedan desplazadas por la legislación federal las acciones estatales que requieren elementos adicionales o distintos a los protegidos por la política federal y si los derechos que se intentan proteger tienen por fuente intereses locales de honda raíz, entre ellos el derecho moral. Cotto Morales v. Ríos, supra, pág
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. 615. Sobre este particular, la Alta Curia ha indicado que algunas de las acciones estatales que no están afectadas por el Federal Copyright Act están fundadas en la violación de un contrato o de una relación fiduciaria, la invasión de la intimidad, la difamación, las prácticas comerciales engañosas y las violaciones al derecho moral de autor, entre otras. Harguindey Ferrer v. U.I., supra, pág
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. 32; Pancorbo v. Wometco de P.R., Inc., supra, pág. 500 (1984). Pancorbo v. Wometco de P.R., Inc., 115 DPR 495, 499 (1984). 6 La Federal Copyright Act, 17 USCA sec
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. 106, provee lo siguiente: “Subject to sections 107 through 122, the owner of copyright under this title has the exclusive rights to do and to authorize any of the following: “(1) to reproduce the copyrighted work in copies or phonorecords; “(2) to prepare derivative works based upon the copyrighted work; “(3) to distribute copies or phonorecords of the copyrighted work to the public by sale or
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other transfer of ownership, or by rental, lease, or lending; “(4) in the case of literary, musical, dramatic, and choreographic works, pantomimes, and motion pictures and other audiovisual works, to perform the copyrighted work publicly; “(5) in the case of literary, musical, dramatic, and choreographic works, pantomimes, and pictorial, graphic, or sculptural works, including the individual
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images of a motion picture or other audiovisual work, to display the copyrighted work publicly; and “(6) in the case of sound recordings, to perform the copyrighted work publicly by means of a digital audio transmission”
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. 7 17 USCA sec. 203. 8 La Federal Copyright Act, expresa en lo pertinente: “The ownership of a copyright may be transferred in whole or in part by any means of conveyance or by operation of law, and may be bequeathed by will or pass as personal property by the applicable laws of interstate succession”. 17 USCA secs. 201(a) y 201(d)(l)
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. KLAN202300916 9 Los derechos morales, a su vez, están fundamentalmente protegidos por la legislación estatal. Esta reconoce los derechos de los autores como exclusivos de estos y los protege no solo en beneficio propio, sino también de la sociedad por la contribución social y cultural que históricamente se le ha reconocido a la propiedad intelectual
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. Es por ello, que la ley se fundamenta en facilitar la relación del artista con su obra y en crear un fino balance en cuanto a su control. Así, “[e]l autor [..
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.] tiene el derecho de beneficiarse de ella y las prerrogativas exclusivas de atribuirse o retractar su autoría, disponer de su obra, autorizar su publicación y proteger su integridad, con arreglo a las leyes especiales vigentes sobre la materia”. 31 LPRA sec. 1401
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. Los derechos morales se derivan del nexo existente entre el autor y su creación, independientemente del valor puramente monetario que la obra pueda tener. 31 LPRA sec.1401b. Harguindey Ferrer v. U.I., supra, pág. 28. De esta forma se trata a la obra como una extensión de la personalidad del creador y los derechos sobre ella se consideran exclusivos de su autor
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.9 Así, en el derecho civil tradicionalmente se ha clasificado el derecho moral de autor como un derecho personalísimo, junto a otros derechos tales como el derecho a la vida, a la libertad e integridad física, el derecho al honor, a la imagen y otros. S.L.G. Negrón-Nieves v. Vera Monroig, supra, pág. 226, citando a Cotto Morales v. Ríos, supra, pág. 623
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. El artículo 1 de la precitada Ley 55-2012, define al autor como toda “persona natural que genera una obra”. Además, define el concepto de obra, como “creación original literaria, musical, visual (plástica o gráfica), dramática o de las artes interpretativas, artística, o de cualquier otro tipo de las que se producen con la inteligencia y 9 Exposición de Motivos de la Ley Núm
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. 55-2012, 31 LPRA § 1401j. Véanse, además: Ossorio Ruiz v. Srio. de la Vivienda, supra, pág. 55; Pancorbo v. Wometco de P.R., Inc., supra, pág. 501. KLAN202300916 10 que sea creativa, expresada en un medio, tangible actualmente conocido o que se invente en el futuro”.10 B
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. Derecho sobre la propia imagen En nuestro ordenamiento jurídico, el derecho a la propia imagen está cimentado en el derecho a la intimidad, de entronque constitucional
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. Como sabemos, el derecho a la intimidad está expresamente consagrado en la Sección 8 del Artículo II de nuestra Constitución, el cual dispone que “[t]oda persona tiene derecho a [la] protección de [la] ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar”. Art. II Sec. 8, Const. ELA, supra
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. Por su parte, la Sección 1 del Artículo II establece la inviolabilidad de la dignidad del ser humano como principio básico que inspira los demás derechos incluidos en la Carta de Derechos
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.11 Nuestra última instancia judicial ha expresado que, dada la primacía y la envergadura de este derecho fundamental, la protección a lo privado opera ex proprio vigore y puede hacerse valer entre personas privadas, eximiéndolas así, del requisito de acción estatal necesario para activar los derechos constitucionales de los ciudadanos
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.12 En consonancia con lo anterior, y previo a que existiera legislación que expresamente reconociera el derecho sobre la propia imagen en nuestra jurisdicción, entiéndase, normas jurídicas que directamente protegieran la esfera personal consistente en prohibir la reproducción de la propia imagen, nuestro Tribunal Supremo reconoció dicha protección dentro del marco de una acción de daños
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extracontractuales al palio del Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico de 1930
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.13 10 Art. 1 de Ley de Derechos de Autor de Puerto Rico, Ley Núm. 55-2012, 31 LPRA § 1401j. 11 Véase Vega Rodríguez v. Telefónica de P.R., 156 DPR 584, 601 (2002); Soc. de Gananciales v. Royal Bank de PR, 145 DPR 308 (1998). 12 López Tristani v. Maldonado Carrero, 168 DPR 838 (2006). 13 Colón v. Romero Barceló, 112 DPR 573 (1982). KLAN202300916 11 Posteriormente, en López Tristani v
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. Maldonado Carrero, supra, la Alta Curia puntualizó que la doctrina civilista reconocía el derecho a la propia imagen como un derecho de la personalidad, protegido por principios constitutivos del ordenamiento jurídico. Sostuvo que, [e]n primer lugar, se considera como imagen la proyección o representación de la figura humana mediante cualquier procedimiento o técnica de reproducción
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. Añadió que, la imagen propia constituye un atributo fundamental con el cual se individualiza socialmente a la persona; es decir, es parte integral de la identidad del sujeto representado
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. Nuestra última instancia judicial, citando al tratadista Eduardo Vázquez Bote, expresó que “[s]obre esa imagen se reconoce un derecho, inherente a la personalidad, que sólo puede actuar, normalmente, el sujeto de la imagen misma”.14 En vista de ello, expresó que la propia imagen es digna de tutela por su estrecha relación con la intimidad de la persona como con su honor
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.15 Posteriormente, en armonía con el marco constitucional y doctrinario previamente reseñado, el 13 de julio de 2011, nuestra Legislatura aprobó, la Ley del Derecho sobre la Propia Imagen o Ley Núm. 139-201116. Dicho precepto legal estatuye una causa de acción en daños y perjuicios debido al uso no autorizado de la imagen con fines comerciales o publicitarios
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. En lo que nos atañe, el artículo 3 de la referida Ley17, específicamente, dispone que: [C]ualquier persona natural o jurídica que utilice la imagen de otra persona con fines o propósitos comerciales, mercantiles o publicitarios, sin el consentimiento previo de ésta, de la persona que posea una licencia sobre tal imagen, de los herederos en caso 14 E
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. Vázquez Bote, Los denominados derechos de la personalidad, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Año VI, Núm. 18, septiembre-diciembre, 1973, pág. 425. 15 López Tristani v. Maldonado Carrero, 168 DPR 838, 850 (2006); C. Fernández Sessarego, Derecho a la identidad personal, Editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina, 1992, sec. 17, págs. 138-142; J. Santos Briz, La responsabilidad civil, Ed
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c71cc531-e1a9-4316-b4da-7a1973659966
. Montecorvo, Madrid, España, 1993, vol. I, págs. 199-201. 16 32 LPRA secs. 3151-3158. 17 32 LPRA sec. 3152. KLAN202300916 12 de haber fallecido o del agente autorizado de uno de éstos, responderá por los daños causados
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. En el evento de no obtenerse el consentimiento requerido en esta Ley, la persona afectada podrá presentar una acción para detener la utilización de dicha imagen y para recobrar los daños causados, incluyendo regalías dejadas de devengar o cualquier pérdida económica resultante de la violación del derecho aquí establecido
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. Asimismo, en su artículo 418, la aludida Ley provee el remedio de interdicto o una acción en daños y perjuicios, cuando se ha violentado el derecho sobre la propia imagen de un ciudadano y establece el método que ha de utilizar el Tribunal, a los fines de fijar la cuantía a conceder: [E]l tribunal, en su discreción, podrá fijar la cuantía de los daños en una cantidad que no exceda tres (3) veces
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la ganancia del demandado y/o la pérdida del demandante cuando determine que la violación fue intencional o de mala fe
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. En la alternativa, el demandante podrá optar por solicitarle al tribunal, daños estatutarios. Los daños estatutarios podrán fijarse en una cuantía no menor de $750 ni mayor de $20,000 por violación, según el tribunal lo considere justo
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. En un caso en el cual el tribunal determine que la violación fue intencional o debido a una negligencia crasa, el tribunal, en su discreción, podrá aumentar la cuantía de daños estatutarios a una suma no mayor de $100,000 por violación
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. Ahora bien, la precitada Ley, en su Artículo 8, estableció ciertas excepciones a su aplicación, entre ellas, cuando se utilice la imagen de la persona: i) como parte de un reportaje noticioso, ii) expresión política, iii) transmisión de evento deportivo o artístico, iv) una presentación que tenga un interés público legítimo, y v) donde no sea utilizada con propósitos comerciales o publicitarios”
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.19 C. Teoría general de los contratos Es normativa reiterada que, las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasicontratos, de los actos ilícitos, u omisiones en que interviene culpa o negligencia, y cualquier otro acto idóneo 18 32 LPRA sec. 3153. 19 32 LPRA sec. 3157. KLAN202300916 13 para producirlas. Art. 1042 del Código Civil20, 31 LPRA ant. sec. 2992; Payano v
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. SLG Cruz-Pagán, 209 DPR 876,889 (2022); NHIC et al. v. García Passalacqua et al., 206 DPR 105 (2021). Los contratos se perfeccionan cuando median el objeto, consentimiento y causa. Art. 1213 del Código Civil, 31 LPRA ant. sec. 3391. El contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio. Art
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. 1206 del Código Civil, 31 LPRA ant. sec. 3371; Aponte Valentín et al. v. Pfizer Pharm., LLC, 208 DPR 263 (2021). En nuestro ordenamiento jurídico se ha reconocido el principio de libertad de contratación, el cual permite a las partes pactar los términos y condiciones que tengan por convenientes. Pérez Rodríguez v. López Rodríguez, 210 DPR 163 (2022); Burgos López et al. v
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. Condado Plaza, 193 DPR 1, 7-8 (2015); Arthur Young & Co. V. Vega III, 136 DPR 157 (1994). No obstante, tal libertad no es infinita, puesto que, encuentra su límite en el Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372. El referido artículo dispone que, los términos y condiciones que las partes establezcan serán válidas cuando no sean contrarias a la ley, la moral, ni al orden público. 31 LPRA sec
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. 3372; Burgos López et al. v. Condado Plaza, supra, págs. 7-8; Oriental Bank v. Perapi, 192 DPR 7, 15 (2014). Una vez perfeccionado el contrato, lo acordado tiene fuerza de ley entre las partes, “y desde entonces obligan, no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conforme a la buena fe, al uso y a la ley”. Art
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544c29f6-c0d3-4ab6-8eef-6b6f10f269a1
. 1210 del Código Civil, 31 LPRA ant. sec. 3375; Aponte Valentín et al. v. Pfizer Pharm., supra; Payano v. Cruz, supra; Burgos López et al. v. Condado Plaza, supra, pág. 8
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d309688c-798d-4f8a-881b-6f13a9d748cc
. Los tribunales estamos facultados para velar por el 20 El derecho aplicable en el caso de epígrafe se remite al Código Civil de Puerto Rico de 1930, puesto que, la presentación de la Demanda y los hechos que dan base a esta tuvieron su lugar antes de la aprobación del nuevo Código Civil de Puerto Rico, Ley 55-2020, según enmendado
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. KLAN202300916 14 cumplimiento de los contratos, y no debemos relevar a una parte del cumplimiento de su obligación contractual cuando tal contrato sea legal, válido y no contenga vicio alguno. Mercado, Quilichini v. UCPR, 143 DPR 627 (1997). D. Honorarios de Abogado La concesión de honorarios de abogado está regulada por la Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 44
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.1 (d). La misma autoriza al Tribunal a imponer honorarios de abogado cuando una parte o su abogado procede con temeridad o frivolidad. Pérez Rodríguez v. López Rodríguez, 210 DPR 163 (2022); SLG González-Figueroa v. Pacheco Romero, 209 DPR 138, 145-150 (2022). De esta manera, la imposición o concesión de honorarios de abogado no procede en todos los casos
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. Depende, pues, de la determinación discrecional que haga el tribunal en torno a si la parte perdidosa o su abogado, actuaron con temeridad o frivolidad, o de la existencia de una ley especial. Íd.; Ortiz Valle v. Panadería Ricomini, 210 DPR 831 (2022)
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. Nuestro Alto Foro ha puntualizado que: “Sin duda, para reclamar honorarios de abogado y los intereses presentencia es imprescindible que se haya actuado con temeridad durante el trámite judicial. SLG González-Figueroa v. Pacheco Romero, supra, pág. 148. (Énfasis nuestro)
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. La temeridad se define como aquella conducta que hace necesario un pleito que se pudo evitar, que lo prolonga innecesariamente o que obliga que la otra parte incurra en gestiones evitables.21 Sobre este particular, nuestra Máxima Curia ha expresado también que “[l]a temeridad es una actitud que se proyecta sobre el procedimiento y que afecta el buen funcionamiento 21 Íd; Marrero Rosado v
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. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 504 (2010). KLAN202300916 15 y la administración de la justicia.” Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, 779 (2001). Por otro lado, la frivolidad se define como “aquello que no tiene razón de ser, sin méritos, sin peso ni lógica alguna.” Depto. Rec. v. Asoc. Rec. Round Hill, 149 DPR 91, 100 (1999)
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. Sólo lo claramente irrazonable o inmeritorio debe dar paso a una determinación de frivolidad por un tribunal apelativo.22 En Feliciano Polanco v
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. Feliciano González, 47 DPR 722, 730 (1999), el Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó que “[a] modo de ejemplo, constituyen actos temerarios los siguientes: cuando el demandado contesta la demanda y niega su responsabilidad total, aunque la acepte posteriormente; cuando se defiende injustificadamente de la acción que se presenta en su contra; cuando no admite francamente su responsabilidad
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limitada o parcial, a pesar de creer que la única razón que tiene para oponerse a la demanda es que la cuantía es exagerada; cuando se arriesga a litigar un caso del que prima facie se desprende su negligencia; o cuando niega un hecho que le consta ser cierto
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.” El propósito de la imposición de honorarios de abogado en casos de temeridad es “establecer una penalidad a un litigante perdidoso que por su terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo e inconveniencias de un pleito
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.”23 Además, la imposición de honorarios de abogado, tiene como objetivo disuadir la litigación innecesaria y alentar las transacciones mediante la imposición de sanciones a la parte temeraria para compensar los perjuicios económicos y las molestias sufridas por la otra parte. Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 DPR 713, 718-719 (1987)
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. Nuestro más Alto Foro ha dispuesto que, la facultad de imponer honorarios de abogados es la mejor arma que 22 Id. 23 Andamios de PR v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 520 (2010); Pérez Rodríguez v. López Rodríguez, supra; SLG González -Figueroa v. Pacheco Romero, supra; Fernández v. San Juan Co., Inc., 118 DPR 713, 718 (1987)
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. KLAN202300916 16 ostentan los tribunales para gestionar de forma eficaz los procedimientos judiciales y el tiempo de la administración de la justicia, así como para proteger a los litigantes de la dilación y los gastos innecesarios. SLG González-Figueroa v. Pacheco Romero, supra
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. La determinación sobre si una parte ha procedido con temeridad descansa en la sana discreción del tribunal sentenciador y no será variada en apelación a menos que se demuestre que éste ha abusado de su discreción. Pérez Rodríguez v. López Rodríguez, supra; SLG González-Figueroa v. Pacheco Romero, supra
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. Tampoco será variada la partida concedida a menos que resulte ser excesiva, exigua o constituya un abuso de discreción. Feliciano Polanco v. Feliciano González, supra, a las págs. 728-729. Ahora bien, una vez el tribunal determina que se incurrió en temeridad, está obligado a imponer el pago de los honorarios de abogado a favor de la parte que prevaleció en el pleito. PR Fast Ferries et al. v
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. AAPP, 2023 TSPR 121, 213 DPR ____ (2023) citando a Torres Montalvo v. Gobernador ELA, 194 DPR 760, 779 (2016). E
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. Deferencia Judicial Según es sabido, las determinaciones de hechos y de credibilidad del tribunal sentenciador deben ser merecedoras de gran deferencia por parte de los foros apelativos, puesto que, el juzgador de instancia es quien –de ordinario– se encuentra en mejor posición para aquilatar la prueba testifical. Argüello v. Argüello, 155 DPR 62 (2001); Pueblo v
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. Bonilla Romero, 120 DPR 92, 111 (1987); Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281 (2011); S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009). Bajo este supuesto, los foros de primera instancia tienen la oportunidad de oír, ver y apreciar el comportamiento de los testigos. Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., 206 DPR 194, 219, (2021)
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. KLAN202300916 17 Como regla general, un Tribunal Apelativo no debe intervenir con las determinaciones de hechos ni con la adjudicación de credibilidad que haya efectuado el juzgador de los hechos, ni tiene facultad para sustituir por sus propias apreciaciones, las determinaciones del tribunal de instancia. Serrano v. Sociedad Española, 171 DPR 717, 741 (2007); Rolón v
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. Charlie Car Rental, 148 DPR 420, 433 (1999). Esto es, los tribunales apelativos deben mantener deferencia para con la apreciación de la prueba que realiza el foro primario. McConnell Jiménez v. Palau, 161 DPR 734, 750 (2004). Sin embargo, la deferencia judicial no es absoluta, pues podrá ser preterida en ciertas instancias
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. Nuestro Máximo Foro ha reiterado que, los tribunales apelativos “no debemos intervenir con las determinaciones de los juzgadores de primera instancia, salvo que medie pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto”. Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007); Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., supra, pág. 219; Rodríguez et al. v. Hospital et al
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., 186 DPR 889, 908-909 (2012); Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013 S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra, pág. 356. Esbozada la normativa jurídica que enmarca la controversia de epígrafe, procedemos a resolver
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. III En sus tres primeros señalamientos de error, la parte apelante sostiene que, la primera instancia judicial incidió al: 1) denegar la moción de desestimación por falta de jurisdicción sobre la materia; 2) concluir que entre las partes no existía un contrato escrito y 3) concluir que las demandadas no podían utilizar el material audiovisual, a pesar de ser su dueño
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. Por estar estrechamente relacionados los tres señalamientos de error, los discutiremos de forma conjunta. KLAN202300916 18 Es la contención de la parte apelante que, al ser titular del material audiovisual en controversia, ostenta todo el derecho de desplegarlo en la Internet y en cualquier otro medio bajo la Ley de Derecho de Autor federal (Copyright Act)
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. Arguye que, el reclamo de la parte apelada al amparo de la Ley del Derecho sobre la Propia Imagen no es otra cosa, sino un intento por limitar los derechos de la parte apelante bajo el estatuto federal
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. La parte apelada, a su vez, sostiene que el presente caso no es uno al amparo de la Ley del Derechos de Autor federal, supra, sino que su reclamo es al amparo de la Ley de Derecho sobre la Propia Imagen, supra
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. Para una mejor comprensión del caso, repasamos que, en atención a la moción de sentencia sumaria instada por la parte apelante y su respectiva oposición a la misma, interpuesta por la parte apelada, el 16 de marzo de 2022, el foro primario emitió una Resolución en la que determinó como hechos incontrovertidos los siguientes: 1
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. En o alrededor de noviembre de 2010 el Demandante cursó una propuesta a las Demandadas para la producción de unos infomerciales, en el cual detalló cual sería el proceso de preproducción, producción y postproducción, así como el tiempo requerido para completar esos infomerciales y el pago que estaría cobrando por los mismos
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. Dicha propuesta fue aceptada por las Demandadas y el Demandante comenzó a trabajar con los infomerciales. 2. Los videos y/o material videográfico al cual se refiere la demanda, es aquel que fue grabado durante el tiempo que duró la relación de trabajo entre las partes y en los que aparece la imagen y/o voz del demandante. 3
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. Entre las funciones del demandante eran producir, dirigir, crear y editar videos y contenido que posteriormente era publicado en redes sociales y páginas de internet. También participaba como “talento” en diferentes videos, contenido y diferentes eventos para representar y promover los productos y servicios de Mech Tech. 4
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. El demandante otorgó su consentimiento para que su imagen fuese grabada en los referidos videos y KLAN202300916 19 posteriormente publicada en medios sociales durante su relación laboral entre el 2010 y el 2017. 5
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. Durante el periodo que las partes mantenían una relación laboral entre el 2010 y el 2017, no hubo un solo video de Mech Tech en que la imagen del demandante saliera sin su consentimiento. 6
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. Según acordado y consentido entre las partes, los videos que el demandante producía o en los que salía su imagen y/o voz, se publicaban siempre en las plataformas de Mech Tech y, a veces, en las plataformas del demandante. 7
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. Todo el material creado y publicado durante la vigencia de la relación de trabajo fue utilizado con el consentimiento del demandante, pues el acuerdo era producir material para difundirlo 8. El demandante no recuerda haber reclamado titularidad sobre el contenido realizado para Mech- Tech. 9. La propuesta de trabajo original que hizo el demandante a las demandadas era para producir infomerciales
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. Esa relación de trabajo fue evolucionando a través de los años. El demandante fungió de productor, director, guionista, editor y talento de material videográfico, incluyendo videos y programas de televisión. 10. Al comienzo de su relación de trabajo con las demandadas, el demandante cobraba $3,000.00 mensuales. 11
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. En enero de 2011, el trabajo del demandante cambió; fue de producir solamente infomerciales a crear y desarrollar otro tipo de material videográfico, incluyendo programa de televisión, anuncios, documentales y otros infomerciales, entre otros roles. 12. El demandante dirigía los segmentos de televisión “Probando Calle” y “Esto es Aquí”
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. En dichos segmentos su imagen era grabada con su consentimiento. 13. El demandante era el director y participaba como narrador en los anuncios en que participaba. También era el director y otras veces productor de los documentales en que trabajó. En algunos de esos documentales salía su imagen. Además, su imagen salía en los referidos anuncios y documentales con su consentimiento. 14
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. El demandante participaba como director, guionista y talento en los infomerciales en que trabajo. En estos, su imagen siempre fue grabada con su consentimiento. KLAN202300916 20 15. La compensación que el demandante recibió en el periodo de 2010 al 2017 varió en dos ocasiones. Además, cuando viajaba como parte del proceso creativo de material videográfico, se le pagaba un per diem. 16
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. En un correo electrónico fechado 14 de noviembre de 2013, el demandante expresó las razones por las cuales entendía que merecía un aumento de compensación. 17. En un correo electrónico de 23 de mayo de 2014, el demandante expresó todas las funciones que realizaba para Mech-Tech, incluyendo ser la “Imagen del Colegio”
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. El demandante envió esta comunicación como parte de su solicitud para que le aumentaran su compensación. 18. En el verano del 2014 incrementó la compensación del demandante para que continuara realizando sus funciones, incluyendo ser anfitrión (“host”) en el material videográfico donde se veía su imagen y se captaba su voz. 19. El demandante aceptó dicho aumento de compensación. 20
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. La relación de trabajo entre las partes cesó unilateralmente por las deman[da]das en o alrededor la semana después del huracán María. 21. Luego de haber cesado la relación laboral y hasta diciembre de 2017 el demandante publicó en plataformas de redes sociales videos en los que salía su imagen, los cuales fueron creados cuando trabajó para Mech Tech o Artificial Intelligence. 22
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. El 5 de octubre de 2018, recibida por las demandadas el 17 de octubre de 2018, el demandante curso una carta de cese y desista en la cual expresamente solicitó a las demandadas que cesaran de utilizar su imagen y, además solicitó la remoción de todo material en el cual se utilizara su imagen de toda y cualquier plataforma o medio en el cual las demandadas estuvieran utilizando dicho material,
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dando así por terminado cualquier acuerdo que hubiera habido entre las partes relacionado a la utilización de la imagen del demandante
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. 23. Luego de enviada la carta de cese y desista, las demandadas continuaron utilizando la imagen del señor Friger con fines promocionales
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. De las anteriores determinaciones del foro primario surge que, tal cual fue alegado en la Demanda, el señor Friger Salgueiro fue empleado de la parte apelante desde el 1ro de enero de 2010 hasta octubre de 2017 y entre sus funciones se encontraba el dirigir y KLAN202300916 21 producir videos y/o contenido promocional
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